Durante el mandato de Bolsonaro en Brasil, se impusieron restricciones significativas a la Ley de Acceso a la Información (LAI) y se estableció un presupuesto secreto. La gestión de Lula enfrenta desafíos relacionados con la información y las enmiendas presupuestarias. En México, se han observados ataques a la transparencia y el desmantelamiento del INAI por parte de AMLO. En Argentina, con el Decreto 780/2024, Javier Milei ataca el acceso a la información pública. El estudio concluye que las políticas de gobierno abierto no están institucionalizadas debido a pilares normativos y culturales débiles, además de riesgos relacionados con los marcos regulatorios. Establecer un Estado Abierto con estándares claros es esencial para fortalecer la democracia.

Link: https://revista.clad.org/ryd/article/view/39¿

En un contexto de restricciones fiscales, desconfianza ciudadana y acelerada transformación tecnológica, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presenta la tercera edición del estudio Mejores gobiernos para mejores vidas. Este informe evalúa el estado del servicio civil en América Latina y el Caribe, abordando los desafíos clave para fortalecer la capacidad estatal y mejorar la provisión de servicios públicos.

El estudio responde a tres preguntas fundamentales:

• ¿Qué capacidades tienen los países para gestionar eficazmente su servicio civil?

• ¿Cuáles son los principales retos y cómo enfrentarlos?

• ¿Qué buenas prácticas pueden adaptarse para construir un servicio civil más efectivo?

A pesar de avances en profesionalización y digitalización, el informe señala que el progreso ha sido lento y desigual en la región. La publicación subraya la importancia de una gestión estratégica, meritocrática e inclusiva del talento humano como pilar fundamental para mejorar la eficiencia del Estado y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Además, el estudio propone una hoja de ruta con recomendaciones clave para consolidar un servicio civil más eficiente, equitativo y capaz de enfrentar los desafíos estructurales de la región.

Lee el estudio completo en: https://publications.iadb.org/es/mejores-gobiernos-para-mejores-vidas-fortaleciendo-las-capacidades-del-estado-para-una-gestion-0

Fuente: CAF

Cuando la legislación estadística era la única gobernanza de datos

Hasta hace unas pocas décadas, los gobiernos tenían casi un monopolio sobre la producción de información a gran escala, con una amplia cobertura de la población en un país. Datos y estadísticas oficiales eran sinónimos, por lo que hablar de gobernanza de datos era equivalente a hablar de la legislación estadística. Esta legislación abarcaba aspectos relativos a la generación de datos (censos, encuestas y registros administrativos), transparencia (diseminación de datos) y protección de la privacidad (secreto estadístico).

Pero los tiempos han cambiado. En los últimos años la producción de información por parte de actores no gubernamentales ha crecido exponencialmente, igual que la demanda para acceder a la información generada por los gobiernos y la urgencia por proteger la privacidad de las personas. La nueva era de la información ha traído consigo el surgimiento de legislaciones especializadas para regular el acceso a la información gubernamental y la protección de datos personales. En los últimos 20 años, en América Latina y el Caribe se ha dado una ola de nuevas leyes en ambas materias. Estas leyes modernas han dejado claro que los gobiernos ya no tienen el monopolio ni sobre la producción ni sobre el uso de la información.

Sin embargo, este impulso modernizador en la legislación sobre acceso, uso y protección de datos, en muy contados casos ha estado acompañado de una actualización de los marcos legales que regulan la estadística oficial. Los marcos legales estadísticos se han visto rebasados por las problemáticas y complejidades de las nuevas fuentes y proveedores de datos. En algunos países el desfase es de más de sesenta años. Las leyes que fueron el origen de la gobernanza de datos se han quedado en el pasado.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

A medida que las emisiones de gases de efecto invernadero cubren la Tierra, atrapan el calor del sol, lo que conduce al calentamiento global y al cambio climático. El mundo se calienta ahora más rápido que en cualquier otro momento de la historia del que haya registros. Con el tiempo, las temperaturas más cálidas están cambiando los patrones climáticos y alterando el equilibrio normal de la naturaleza. Esto plantea muchos riesgos para los seres humanos y todas las demás formas de vida de la Tierra.

Fuente: ONU

Cuando celebramos el día mundial de los datos abiertos el pasado dos de marzo, es imposible no pensar en cómo la pandemia cambió el debate sobre los datos en las ciudades y la narrativa sobre su valor. Las tecnologías están cambiando la vida de las personas en las ciudades y la forma en que los centros urbanos evolucionan para satisfacer sus necesidades. La pandemia aceleró esta transformación de manera disruptiva. Estos cambios se combinan con el creciente protagonismo de las ciudades en la gestión de los desafíos del desarrollo a nivel global, como el cambio climático.

Por lo tanto, es imposible no considerar a las ciudades como parte integral de la ecuación para resolver los desafíos concretos relacionados con la lucha contra la pobreza y las exclusiones, la mejora de los servicios públicos y la reducción de la inseguridad, entre otros. En este contexto de rupturas y disrupciones, la capacidad de los gobiernos locales para gestionar los problemas urbanos es clave, y la pandemia ha permitido comprender con mayor claridad los diversos elementos que faltan para gobernar las ciudades de forma eficaz.

Un tema clave ha sido cómo se manejan los datos y para que propósito; pero también su calidad e integridad, así como las garantías de privacidad y seguridad. Es decir, la confianza de los ciudadanos en la manera en que los gobiernos locales manejan sus datos para mejorar sus vidas.

Un gobierno local inteligente no se sostiene sin una buena gobernanza de los datos, una infraestructura de datos segura, y talento digital para sacarle valor. La política de datos debe funcionar como un elemento articulador de las estrategias de transformación digital, definiendo el alcance, la dirección, las responsabilidades y los procedimientos para el camino hacia territorios más responsivos y resilientes. Estos esfuerzos deben trascender el horizonte temporal de los ciclos políticos.

Para impulsar iniciativas estratégicas, las Unidades de Entrega, o Delivery Units, han ganado prominencia como instrumento de gestión del cambio en los gobiernos para el cumplimiento de iniciativas prioritarias. A nivel nacional, los modelos de gestión liderados desde el centro de los gobiernos a través de unidades de ejecución han mostrado ser instrumentos eficaces para el logro de las metas gubernamentales y cumplir con los objetivos prioritarios y los grandes proyectos.

Este modelo se está ampliando a los gobiernos subnacionales, como en Colombia. Los municipios tienen un papel directo en la prestación de servicios públicos e interactúan de forma estrecha con la ciudadanía, este tipo de innovaciones contribuyen a mejorar los servicios prestados a los ciudadanos. En un estudio reciente, mostramos como las ciudades de América Latina, en Brasil en particular como Recife y Rio de Janeiro, buscan apalancar estas innovaciones en gestión pública como un instrumento de planificación estratégica, basándose en la experiencia pionera de Nueva York.

En Buenos Aires, por ejemplo, la gestión del jefe de gobierno Rodriguez Larreta observó una disminución importante en la tasa de homicidios (43%) y siniestros viales (33%) entre 2015 y 2019, así como de la mortalidad infantil (16% para el trienio 2016-2018 en comparación al trienio 2012-2015) a través del seguimiento sistemático de los compromisos de gobierno en la Unidad de Gestión del Cumplimiento.

Con el creciente papel de las nuevas tecnologías y los evidentes beneficios de los datos para mejorar la gestión de la ciudad, el uso estratégico de datos por los gobiernos municipales puede aumentar sus capacidades de entrega, de manera más ágil e inteligente, pero también más eficiente y económica. En otro estudio de CAF, banco de desarrollo de América Latina, analizamos el caso de 12 ciudades en el mundo, entre las cuales Boston, Seúl y Londres, en la región, Buenos Aires, Medellín, México y Recife que buscan fortalecer su gestión estratégica con el uso más intensivo de los datos para dar mejor respuesta a las expectativas crecientes de sus ciudadanos.

Es el caso de Bogotá, por ejemplo, con la creación de Ágata, la Agencia de Analítica de Datos, una entidad especializada que acelerará la transformación digital a través un uso más inteligente de los datos de la ciudad. No es posible gestionar lo que no se mide, y por lo tanto estos organismos tienen la función de recolectar datos, organizarlos y promover su uso para una mejor toma de decisiones. “Bogotá necesita transformar la información en datos para que los ciudadanos puedan tomar mejores decisiones y para eso es la analítica”, dijo la alcaldesa Claudia López.

Estas unidades no solo buscan aprovechar mejor los datos que las ciudades generan, pero mejorar la capacidad de entender los problemas reales de la gente. La combinación de la inteligencia de datos con la gestión estratégica de la ciudad desde el centro de gobierno muestra resultados promisorios. Por ejemplo, en Los Ángeles, la municipalidad logró disminuir en cerca 80% el número de calles consideradas no limpias con un monitoreo sistemático de las vías a través del portal de geodatos de la ciudad. En San Francisco, los ciudadanos tienen acceso a más de 80 tableros de control reportando el desempeño municipal, y pueden seguir el cumplimiento de las metas de servicios de la ciudad.

Pero quizás lo más importante beneficio que las Unidades de Cumplimiento que hacen uso intensivo de datos es demostrar que invertir en innovación digital a nivel subnacional no solo es deseable, sino imprescindible. Aunque ya están consolidadas en las ciudades de América del Norte y Europa, las ciudades de América Latina aún no aprovechan al máximo los beneficios que este modelo de gestión puede traer. Los índices de confianza en los gobiernos se deterioran año tras año, y la pandemia agudizó esa erosión, especialmente en América Latina. La ciudad es el espacio idóneo para empezar a rescatar esta confianza y reconstruir el pacto entre la ciudadanía y las instituciones. Por todo eso los datos son centrales para el futuro de las ciudades.

Fuente: CAF

Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024, una publicación conjunta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), brinda indicadores y estadísticas fiables y comparables sobre la gobernabilidad y la gestión pública para hasta 27 países de la región. Esta publicación compara los resultados de la región con los de los países de la OCDE.

Según la publicación, 15 países de la región tienen estrategias de gobierno abierto para mejorar la participación de las mujeres en la toma de decisiones públicas. También muestra que la proporción de mujeres en altos cargos de gobierno, según cifras de 2022, es ligeramente superior en la región de América Latina y el Caribe (43%) que en los países de la Unión Europea que hacen parte de la OCDE (41%). Además, la amplia mayoría de los 13 países encuestados para este tema (77%) practican la presupuestación con perspectiva de género con el fin de abordar las disparidades de género en las políticas públicas y la asignación de recursos, frente al 61% de los países de la OCDE. Sin embargo, los avances en el cierre de brechas de género en la representación política son lentos.

Las compras públicas pueden utilizarse para promover objetivos sociales, la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. En 2022, 16 de los 19 países encuestados para este tema en la región (es decir, el 84%) revelaron disponer de sistemas centrales de contratación pública electrónica y declararon contar con políticas o estrategias en dicho ámbito para perseguir objetivos sociales. De esos 19 países, 14 (o sea, el 74%) cuentan con una estrategia del gobierno central para promover la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública.

El informe muestra que hay espacio para desplegar herramientas y estrategias de gobernanza pública más ambiciosas para avanzar en la transición verde en la región. Según los datos, sólo cinco países de los 12 encuestados para este tema específico utilizan la presupuestación verde para integrar consideraciones climáticas y ambientales en los impuestos y las decisiones de gasto público, lo que representa un 42% frente al 67% de los países de la OCDE.

Por ejemplo, de los 19 países encuestados para el tema de compras públicas, sólo nueve tienen una estrategia de contratación pública ecológica (es decir, el 47%), y sólo cuatro alinean sus planes de infraestructuras a largo plazo con planes de acción ambientales o climáticos, lo que representa el 27% frente al 73% de los países de la OCDE.

“Esta publicación responde a la creciente demanda de datos cuantitativos y cualitativos sobre gobernanza y resultados de las políticas públicas. Esperamos que este estudio promueva la transparencia, el diálogo público y la eficacia del sector público. En el BID estamos comprometidos con estos valores y seguiremos apoyando a los países de la región en todas estas áreas”, dijo Ana María Ibáñez, Vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID.

Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe se publica cada tres años y contiene el conjunto de datos e indicadores sobre gobernanza pública más completo de la región. Todos los datos presentados en más de 160 gráficos pueden descargarse como datos abiertos directamente desde la publicación. Los indicadores de esta edición cubren once áreas organizadas en torno a tres grandes categorías: resultados de la gobernanza pública, consecución de resultados con buenas prácticas de gobernanza, y los recursos que utilizan las instituciones públicas y cómo se gestionan. Esta edición también incluye un capítulo especial sobre el fortalecimiento de la participación, la gestión pública y la integridad para generar confianza y apoyar la transición verde en América Latina. La publicación puede descargarse en este enlace.

Fuente: BID

La IAG está revolucionando el aprendizaje en línea, desde la creación de materiales hasta la evaluación del aprendizaje. Los Modelos de Lenguaje de Última Generación (LLMs por sus siglas en inglés) pueden generar lenguaje humano indistinguible del creado por personas y son útiles en múltiples aplicaciones en el aprendizaje en línea. La accesibilidad a herramientas como ChatGPT trae oportunidades y retos en este ámbito. Para su uso ético y eficiente, es vital entender sus limitaciones y sesgos.

Beneficios, desafíos y riesgos del uso de la IAG en el ámbito del aprendizaje en línea

Beneficios

La IAG ofrece el potencial de mejorar el aprendizaje en línea. Algunos de sus beneficios son:

• Personalización: la IAG permite una enseñanza adaptada a las necesidades individuales de cada estudiante, mejorando su compromiso y eficacia en el aprendizaje.
• Apoyo a docentes: permite optimizar el tiempo asistiendo en tareas como el feedback, elaboración de propuestas de enseñanza e identificación de brechas de aprendizaje, además de mejorar las competencias digitales de los y las docentes.
• Eficiencia y reducción de costos: automatiza procesos que requieren grandes cantidades de datos, reduciendo costos en infraestructura y recursos humanos.
• Actualización y expansión de contenidos: facilita la rápida incorporación de nuevos materiales educativos y los hace disponibles en varios idiomas.
• Accesibilidad: se puede adaptar a las necesidades de estudiantes con discapacidades, ofreciendo contenido inclusivo.
• Aprendizaje continuo y activo: crea rutas de aprendizaje flexibles, permitiendo una formación adaptada a las necesidades cambiantes del estudiantado. Optimiza los objetivos de aprendizaje y propone estrategias para potenciar el aprendizaje activo.

Desafíos

Las herramientas de la IAG presentan diversos desafíos e implicaciones éticas que deben ser gestionadas. Entre ellas destacan:

• Capacitación: la IAG requiere formación técnica especializada, alineada con buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje para educadores y administradores, así como una inversión en capacitación continua.
• Tecnología: depende de una infraestructura robusta, que incluye acceso a Internet estable, hardware adecuado, acceso equitativo a herramientas y sistemas de seguridad.
• Ética: plantea consideraciones éticas como la privacidad de los datos, sesgo en algoritmos y vigilancia que necesitan directrices claras.
• Confianza ciega: puede inducir un exceso de confianza de usuarios y usuarias, requiriendo una posición crítica para evaluar los contenidos generados.

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