La decadencia política-institucional de la Argentina
Por Franco Frigidi – Estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires
Considero que la política en Argentina se encuentra aún en vías de desarrollo y que la posibilidad y la oportunidad de potenciarla es clara. El problema por excelencia de la Argentina (no el único) es, sin duda, político. Lo es hoy y lo fue en el pasado. Es que la Argentina es un país, desde un punto de vista económico, abundante en recursos (naturales y humanos). Presenta condiciones climáticas muy favorables para desarrollar sus diferentes actividades y está ubicada geográficamente en una posición muy favorable (relativamente cerca de Europa y Estados Unidos y de un país con gran potencial como Brasil). Durante fines del siglo XIX y principios del XX, Argentina aprovechó buena parte de su potencial productivo, a tal punto que para 1915, según el historiador David Rock, este país gozaba de salarios reales per cápita (promedio) al nivel de países centrales como Francia y Alemania. La apertura política conquistada un año antes con la sanción de la ley Sáenz Peña implicó la inclusión a la vida política de numerosos sectores antes excluidos, situación que creó un panorama político, de allí en más, cada vez más complejo.
Para beneficio del lector, no entraré en mayores detalles a este respecto: mi tesis en este artículo es que para entender los sucesos poco menos que trágicos ocurridos en la Argentina durante el siglo XX y principios del siglo XXI, es necesario recurrir a la variable política-institucional. En momentos donde los militares ya no tienen suficiente peso político para actuar autónomamente, la política argentina se reduce al ámbito civil en el marco de un régimen débilmente democrático. Y digo <débilmente> porque la Argentina, hasta hoy, no ha logrado consolidar buena parte de las instituciones clásicas de la democracia (un anhelo pendiente que tuvo en el propio Perón un defensor a su retorno al país): me refiero al Congreso, la Justicia, el Poder Ejecutivo, principalmente (aunque no solamente). A diferencia de Chile, el Congreso no ha sido el lugar de debate, consenso, política de “acomodación”, que autores como Arturo Valenzuela observaron y señalaron para ese país vecino. En su lugar, el Congreso ha sido un lugar de oposición, por un lado, (década del ´80 en Argentina) y de “hegemonía” peronista (década del ´90 y principalmente durante el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández), por el otro. El Poder Ejecutivo, durante la década del ´90, no vaciló en gobernar a través de DNU (decretos de necesidad y urgencia) creando una institucionalidad y una legitimidad política y legal más que débil. Bajo los gobiernos kirchneristas, ha gozado de amplias mayorías que lo hicieron inmune a los intentos de control de una oposición dividida. Además, ha arrasado con instituciones como el Banco Central y el INDEC, centralizado fuertemente el poder y gobernado con una “caja” abultada, repartiendo premios y castigos a discreción. Por otra parte, las potestades “imperiales” del jefe de gabinete para reasignar partidas presupuestarias y la delegación de potestades del Congreso al Ejecutivo acentuaron fuertemente el hiperpresidencialismo argentino. La justicia ha sido otro de los blancos preferidos del gobierno nacional en todos estos años. Durante la década del ´90, la Corte Suprema de Justicia fue el símbolo de la corrupción y la desidia, para muchos. Al igual que en la década del ´90, el Ejecutivo presionó y cargó contra la justicia, cuando esta última no estuvo dispuesta a someterse sus preferencias. Esta presión pretendió ser un instrumento de control sobre los jueces independientes que aún quedaban.
Uno de las tareas centrales del próximo gobierno debería ser restablecer las potestades y competencias originarias de los tres poderes del Estado en sus respectivas “jurisdicciones”. Esto se traduce prácticamente en una limitación del poder de gobierno, un aumento del poder del Congreso y una reforma en el Consejo de la Magistratura, que asegure el equilibrio y la independencia de la justicia. Sin instituciones fuertes y equilibradas y un buen margen de libertad, no hay república y tampoco hay futuro.