Aborto y ciudadanía: la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito en Argentina

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“Qué destino, qué destino:/ muere una mujer por día/ por aborto clandestino”

“Siga, siga, siga el baile,/ al compás del tamboril,/ que tenemos las mujeres/ el derecho a decidir”

(Consignas del movimiento de mujeres en las diferentes expresiones callejeras)

Por María Alicia Gutiérrez [1]

La autonomía y la libertad caracterizan las luchas de las mujeres por sus derechos. El derecho al aborto legal fue paradigmático en esas demandas e instaló un principio irrenunciable en relación a  la libertad de decidir sobre el propio cuerpo, locus de entrecruzamiento de la biología y la cultura donde se plasman las discriminaciones por la carencia de derechos (Barzelatto y Faundes, 2005).

En América Latina el aborto es ilegal exceptuando Cuba, Puerto Rico y desde hace pocos años el Distrito Federal mexicano.

Han sido y siguen siendo innumerables las organizaciones y actividades que han participado en dicha demanda. En el caso argentino se presenta, en el año 2005, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que recoge  una larga tradición de luchas y organizaciones tras el derecho legal al aborto. En sus principios fundantes se recuperan los principios de libertad y autonomía para decidir así como la idea de justicia y democracia.

Haciendo historia

Desde las décadas del 60/70 del siglo pasado diversos grupos y feministas independientes plantearon la problemática del aborto. Eran tiempos de proyectos encarnados en el cambio radical del sistema político económico, sin  embargo, algunas mujeres no olvidaron poner el acento en la necesidad de la legalización del aborto  a través de declaraciones, artículos y/o publicaciones (Bellucci, 1997).

Las transiciones democráticas en la región produjeron un giro significativo en las posibilidades de participación con énfasis en la cuestión de los derechos humanos. Fueron las mujeres retornadas del exilio junto con algunas pioneras en estrecha relación con el mundo anglosajón las que trajeron el feminismo como un planteo teórico/filosófico y político (Bellucci, 1997). La aparición del mismo se plasmó en innumerables organizaciones de la sociedad civil pero, por primera vez, en las estructuras del estado,  se creó la Secretaría de la Mujer con rango ministerial. Los temas propios del feminismo se hicieron presentes en la sociedad y en las demandas desde y al Estado. Violencia, trabajo, las lógicas del cuidado, educación, discriminación y las centradas en la corporalidad comenzaron  a tener una presencia notoria en la realidad argentina. En el año 1986 se organizaron los Encuentros Nacionales de Mujeres, que se  realizan todos los años, con la incorporación de innumerable cantidad de mujeres de todos los sectores sociales y  se constituyó como espacio privilegiado de debate a nivel de todo el país (Alma y Lorenzo, 2009).

La década del 90 fue un punto de inflexión tanto a nivel nacional como internacional. La implementación de los modelos neoliberales en la región, siguiendo el dictatum del Consenso de Washington, significaron, en su primera mitad, un momento de desconcierto y desasosiego frente a la crisis económica y al incremento exponencial del desempleo y la pobreza (Williamson, 1999; Morley, 2000). Sin embargo y al calor de las primera críticas al desmantelamiento del país (piqueteros en 1995) comenzaron a tomar forma y presencia las organizaciones que demandaban por derechos “particulares” donde los que referenciaban al cuerpo y las sexualidades tuvieron un lugar significativo. Son muchos, paradojalmente o no, los derechos que se consagraron en esa etapa, al mismo tiempo que con una velocidad inusitada se perdieron muchos de los derechos económicos y sociales existentes.

Las demandas de las mujeres organizadas  se expresaron tanto  a nivel nacional como en las conferencias internacionales de Naciones Unidas (Cairo 1994 y Beijing, 1995) que dieron impulso para operar en el plano de las organizaciones de base pero también en el lobby parlamentario. Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad (MADEL) se articuló frente a la Reforma Constitucional (1994) y una propuesta de ley de salud sexual y reproductiva (1995) en alianza con legisladoras, comunicadoras sociales y grupos de la diversidad sexual. Se hizo referencia a la cuestión de la autonomía y la libertad de decidir sobre las fases de la reproducción que incluían no solo la asistencia sino también la información en los servicios públicos de salud sin discriminación de edad ni clase social (Gutiérrez, 2002).

Esa lucha, con final poco feliz, produjo un efecto dominó en algunos estados provinciales  y se trasladó el debate nacional a los diferentes distritos, en algunas ocasiones con mayor suerte. Entre los actores sociales que interceptaron los logros se encontraban la corporación médica, judicial y los estratos conservadores de la Iglesia Católica (Vaggione, 2011).

Si bien el aborto quedó silenciado por efecto de una decisión política (no sin controversias en MADEL), su lucha nunca fue abandonada transitando otros carriles que no eran ni estatales ni institucionales. La Comisión por el Derecho al Aborto Legal batalló en las calles, organizaciones de base, ONGs, sindicatos y participantes de movimientos sociales  para instalar la  cuestión del aborto bajo la consigna: Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal para no morir (Gutiérrez, 2011).

El nuevo siglo alumbró con una profunda crisis económica y política expresada en el quiebre institucional del año 2001. En esas instancias las demandas por derechos humanos, entre ellos los relativos a la sexualidad, tuvieron una significativa amplificación. Las barreras y los posibilitadores para la ley de salud sexual y reproductiva, la problemática del aborto, las demandas de las diversidades sexuales fueron tema de debate  al interior de las organizaciones surgidas en la crisis que trasvasaba al movimiento de mujeres.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se fue gestando al calor de esa participación con la conformación en el año 2003 de la Asamblea por el derecho al aborto en un espacio que juntaba a las/los activistas que acompañaban la demanda. Fue lanzada el 28 de mayo de 2005, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, como una amplia y diversa alianza federal que articuló y recuperó parte de la historia de las luchas por el aborto legal, seguro y gratuito (www.abortolegal.com.ar; Anzorena y Zurbriggen, 2013).

La consigna que identifica a la Campaña  “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” pone el eje en una importante amplificación de derechos igualitarios marcando la importancia de la inescindibilidad de los mismos (Correa y Petchesky, 1994). Se presentó en el Congreso Nacional en el año 2010, por cuarta vez, un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) elaborado por la Campaña.  Recibió el apoyo y la firma  de alrededor de 45 legisladores y legisladoras de diversos bloques políticos pero, pasados dos años sin ser tratado, perdió estado parlamentario.

Fundamentos de la Campaña

Como decíamos al principio la idea de justicia es central en la demanda (Gutiérrez, 2011) Dado que la recurrencia del aborto (a pesar de la clandestinidad) es una realidad, numerosas investigaciones han dejado en claro que se trata de un acceso discriminatorio: padecen una alta morbilidad y mortalidad las mujeres de sectores populares que no tienen los medios económicos para acceder a la atención privada. En ese sentido la campaña retoma la idea de una injusticia de clase flagrante reclamando la despenalización/legalización como una necesaria inclusión de toda la ciudadanía.  Se requiere que los derechos sexuales y reproductivos tengan un efectivo reconocimiento como derechos básicos de todas las personas. La legalización implicaría la posibilidad, para las mujeres que decidan interrumpir un embarazo, de  una atención segura y gratuita en el sistema público de salud y en las obras sociales de todo el país.

Por otro lado y en consonancia con la idea de justicia se plantea la amplificación de la democracia. Si el cuerpo es el territorio de la  libertad, la inexistencia de un derecho que promueva la libre decisión sobre el mismo, vulnera un principio básico de la democracia. Se trataría de una democracia restringida  al no incorporar a un sector significativo de la población al ejercicio de su libertad (de Sousa Santos, 2006; Gómez, 1995; Mouffe, 1993; Avila, 1999). La discriminación aparece, en esta negación de derechos, como un elemento central: acceden solo quienes tienen posibilidades económicas lo cual no niega la situación de vulnerabilidad para todas las mujeres frente a la situación de  ilegalidad y clandestinidad.

El control de los cuerpos como analiza Silvia Fedirici (2011)  se inicia en la transición del feudalismo al capitalismo y la “caza de brujas” tanto en Europa como en el continente americano fue el elemento “estabilizador” del proceso de acumulación originaria del capital. Dicho control implica tener acceso al proceso de reproducción, piedra angular de la reproducción de la fuerza de trabajo. La mujer/naturaleza tiene la función esencial de equilibrar el crecimiento demográfico y la “calidad” de la reproducción. Por ello la prohibición del aborto y la obturación a la libertad de decidir sobre el propio cuerpo se  consolidó como una de las luchas centrales de las mujeres por la recuperación de su autonomía (Gutiérrez, 2012).

La autonomía concepto clave de la teoría liberal ha sido profundamente rebatida por las teorías comunitaristas (Nozik, 1991; Walzer, 2004; Sandel, 2005)  así como por ciertas líneas de la teoría feminista. Sin embargo, y atendiendo a la vulnerabilidad propia de la condición humana (Butler, 2006), se trata de abordar dicho concepto en términos críticos y transformadores de las relaciones sociales, estableciendo la relación entre la dimensión moral individual de la autonomía y su  expresión política colectiva (Gutiérrez, 2010; Cohen, 1999). Entonces la noción de autonomía tiene sus límites. Esos límites no  inhabilitan la decisión de las mujeres, sino que plantean, como  refiere Castoriadis (1990)  la necesidad de una sociedad libre y autónoma. La autonomía se  configura, en su doble dimensión personal y colectiva, en “un movimiento sin fin” como un proceso incesante de construcción y deconstrucción junto al otro, abriendo un espacio de interrogación tanto en el orden de lo individual como en lo social.

Por ello la legalización del aborto implica al conjunto de la ciudadanía y no se limita a una demanda exclusiva de las mujeres.

Para seguir pensando

La conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito articuló una demanda largamente postergada para las mujeres y el conjunto de la ciudadanía.

¿Cuáles serían algunas de las razones  que llevan a persistir en la negación del derecho?

En principio, la legalización del aborto implica la libertad de decidir sobre el propio cuerpo para las mujeres. Ello significa una reversión en el orden social, en el orden patriarcal (o más exactamente en la matriz heteronormativa) y la lógica del poder. Cuestiona la moral religiosa (y/o jurídica) (Fernández Buey, 2000). Reformula la dimensión de lo público y lo privado: la inequidad de género, las problemáticas de salud pública. Pone en tensión la noción de familia e instaura (junto con la anticoncepción) la capacidad de escindir placer de reproducción.

En otras palabras, la lucha por el aborto legal es una lucha por una sociedad emancipada y plantea una reformulación de las categorías de justicia y ciudadanía. En ese sentido implica un compromiso de varones y mujeres en una lucha política por una vida digna de ser vivida.

Bibliografía

Alma A. y Lorenzo P. (2009) Mujeres que se encuentran, Editorial Feminaria, Buenos Aires.

Anzorena C. y Zurbriggen R. (2013) “ Trazos de una experiencia de articulación federal y plural por la autonomía de las mujeres: la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina” en Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, El aborto como derecho de las mujeres. Otra historia es posible, Editorial Herramienta, Buenos Aires.

Avila Maria Bethania( 1999) ” Feminismo y ciudadanía: la producción de los nuevos derechos” en Scavone Lucila, comp, Género y Salud reproductiva en América Latina ( Costa Rica, LUR).

Barzelatto J. y Faúndes A.  (2005) El drama del aborto. En busca de un consenso, Tercer Mundo Editores, Bogotá.

Bellucci M. (1997) Avatares de las conquistas de las mujeres para decidir sobre el propio cuerpo: el aborto con sus retos y sus logros en Argentina (mimeo).

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Castoriadis Cornelius (1993) La institución imaginaria de la sociedad. Vol.2 El imaginario social y la institución (Buenos Aires, Tusquets Editora).

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Correa S.  y Rosalind Petchesky (1994)  “Reproductive and Sexual Rights: a feminist perspective”, en Sen,G., Germain A. Y Chen,L.C., eds., Population Policies Reconsidered Health, Empowerment and Rights  Boston Harvard University Press.

De Sousa Santos, B (2006) Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social CLACSO, Buenos Aires.

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[1] Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Jefa de cátedra de la materia Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Directora del Proyecto UBACYT 229. Grupos Consolidados, Coreografías  de los géneros y  las sexualidades. Construcciones hegemónicas y subalternas en la contemporaneidad argentina, período 2010-2013.