El becerro de oro

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Por Leandro Abud – Estudiante de la carrera de Ciencia Política en la UBA

Este artículo intenta reflejar las conflictivas relaciones entre el sector privado y las instituciones estatales encargadas de la administración nacional. Además, pretende poner en cuestión la multiplicidad de actores que juegan un papel preponderante en el campo de la política nacional y aspira a motivar un interrogante en el lector, desacralizando la figura del estado, tal como es concebido actualmente desde los medios de comunicación y la opinión pública.

“Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fé que lo empecina”. Así, Enrique Santos Discepolo interpretaba y sentía su transcurrir, su devenir. La política nacional no dista ni siquiera un poco de las palabras del formidable e injustamente repudiado compositor porteño.
Se encuentran sobre el escenario dos actores con intereses temporalmente contrapuestos, que es menester remarcar previamente al desarrollo de este artículo, en distintos momentos y sobre determinadas cuestiones, pueden lograr puntos de contacto o negociaciones fructíferas.
Por un lado podemos encontrar a las instituciones democráticas que ejercen la administración nacional, Las cuales son la representación tanto abstracta como material del conjunto de la población. Y por el otro y dentro de lo que distintos especialistas en la materia denominan sociedad civil, un sector privado de alta capacidad de presión tanto política, como económica, jurídica y mediática
Creo relevante detenernos al menos un momento, en una breve reseña de a que nos referimos cuando hablamos sociedad civil. Según la interpretación que considero pertinente para este caso, la misma es concebida como aquel lugar en donde se promueven los intereses particulares de los individuos y más precisamente, en relación a este artículo, de sus grupos organizados. Es aquel lugar signado por las relaciones privadas y espontaneas que persiguen sus fines particulares, tal es el caso de la asociación de distintas empresas, la anexión de algunas con otras de mayor envergadura o la creación de nuevas firmas. Es el ámbito donde el sector privado, concentrado o no, opera regularmente.
Uno de los objetivos de este artículo, además de poner en cuestión la lucha intestina dentro de la realidad política actual, es el de desacralizar a uno de los actores en pugna dentro del espectro político, el estado nacional. Comúnmente podemos escuchar por distintos medios de comunicación, tanto masivos como de menor audiencia, la responsabilidad de que este sea el garante de todos los derechos constitucionalmente establecidos y aquel que se encargue de generar el bienestar, la prosperidad y el desarrollo de todos los ciudadanos, hecho íntimamente relacionado a la posibilidad de una justa redistribución de la renta nacional.
Pero es en base a esta opinión tan arraigada en la sociedad Argentina que se quita el prisma de la feroz contienda que se produce en el seno de esa misma sociedad. La administración nacional ejercida por el estado, se encuentra bajo la constante presión, de los grupos más concentrados del sector privado, nacidos y afincados en la sociedad civil, los cuales podemos encontrar en abierto conflicto u hostilidad frente al estado, que es necesario volver a mencionar, ejerce la representación y es el único capaz de la defensa de los intereses de todos los habitantes de la nación
Innumerable cantidad de ejemplos podemos citar para graficar esta oposición. Por ejemplo, tras el envío y la posterior aprobación en el año 2009 de la ley de servicios de comunicación audiovisual, se inicia por parte del grupo de multimedios monopólico Clarín una fuerte embestida contra la administración ejercida por la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, intentando debilitar los niveles de aprobación de su gestión.
Otra de las herramientas que desde la sociedad civil y más precisamente desde sector agrícola es utilizada, es la del acopio de las cosechas. Según un artículo publicado por Alfredo Zaiat* en el diario página 12, en el año 2014 y en base a una investigación del centro de estudios económicos y sociales Scalabrini Ortiz a día 19 del mes de octubre, se había comercializado solamente, menos de la mitad de la cosecha y se calculaba que “El acopio de la producción por parte de los productores representa entre 7000 y 11 mil millones de dólares “ y analizaba el documento que “en un contexto de baja en los precios internacionales del cultivo, este comportamiento especulativo de retener la cosecha sólo podría explicarse como parte de una estrategia que busca contraer la oferta de dólares, presionar el mercado de cambios y generar un salto devaluatorio tal que les permita obtener una renta extraordinaria que compense el deterioro de los ingresos debido a la caída de precios “
Creo estos dos ejemplos lo suficientemente explícitos como para poder hacer un retrato representativo de muchas de las prácticas que desde la sociedad civil se producen contra el estado. Podríamos también mencionar la connivencia de jueces, fiscales y el poder mediático o aumentos de precios desmedidos, sumados a presiones al tipo de cambio.
Bajo la perspectiva propuesta en el desarrollo de este artículo: ¿No cabría preguntarnos si, tal como lo concebimos hoy en día, es decir, con las herramientas que posee, el estado nacional tiene la capacidad, los recursos y la fortaleza de poder ejercer una justa redistribución de los ingresos, concentrados mayoritariamente en algunos sectores del aparato productivo?.
¿Tiene el poder político hoy en día, sujeto a una variedad de prácticas de presión tanto económicas, como judiciales, mediáticas o políticas, impulsadas por el sector privado, la suficiente fuerza como para llevar a cabo la realización de una democracia más justa y equitativa?
El objetivo de estas líneas no es dar un análisis acabado de la realidad política en la que estamos inmersos sino abrir un debate, proponerle al lector, no una certeza, sino una pregunta.

Fuentes:
* http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-257868-2014-10-19.html