Más allá de la banda y el bastón: hay que institucionalizar la transición gubernamental

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En Argentina el proceso de transición gubernamental se debe reglamentar por vía legales con reglas claras.

Diciembre. Calor. Día 10. Avenida de Mayo vallada. Banderitas argentinas. Un presidente deja su cargo y otro asume. Banda, bastón de Pallarols, firmas. Aplausos. Congreso o Casa Rosada, no importa el escenario. Fin. Un Gobierno entregó el mando a otro. Pero ¿la transición gubernamental es solo un acto simbólico y protocolar? No, es mucho más que eso y el mundo lo sabe.

La transición gubernamental es el intervalo entre un Gobierno y otro. Y esto puede extenderse tanto a los niveles estatales nacional, provincial o municipal como a todos los intervalos posibles: entre Gobierno de un mismo partido, entre Gobiernos de distinto color político o entre Gobiernos de un mismo mandatario.

Su importancia radica en que las primeras decisiones de una nueva administración encuentren sustento en la información aportada por la saliente, para tener Gobiernos más ágiles y eficientes que aseguren los servicios a los ciudadanos. Brindar toda la información y los datos relevantes a la administración que ingresa no es solo un gesto político, sino que tiene relevancia institucional y permite fortalecer las políticas públicas, además de asegurar una gestión pública de calidad.

 

Argentina no cuenta con una disposición legal que regule la transición gubernamental, es decir, una agenda de trabajo común anterior al traspaso de mando, que obligue a quien deja el Gobierno informar sobre lo hecho y sobre la situación general, y a quien ingresa conocer de primera mano la situación para sostener aquellas políticas que crea conveniente y tomar las nuevas decisiones que considere necesarias.

 

Más allá de los gestos institucionales y políticos, como el tradicional desayuno entre el presidente saliente y el que asume que tiene lugar en Chile, o las conversaciones informales entre funcionarios, varios países tienen regulado legalmente este proceso. Puerto Rico, Canadá y Brasil son buenos ejemplos.

La Ley para Regular el Proceso de la Transición del Gobierno del 2002 de Puerto Rico establece que debe iniciarse cuatro días después de celebradas las elecciones. Creó una estructura institucional y gubernamental que incluye a un Comité Saliente con secretarios de las áreas más significativas, directores de presupuesto, planificación y el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento. Tanto el gobernador (máximo cargo político del Estado) saliente como el entrante pueden nombrar funcionarios adicionales a su discreción para integrar cada comité.

El documento de transición debe incluir información sobre los empleados públicos, el estado de cada agencia del Gobierno, su situación financiera, el inventario de propiedad y bienes, de las acciones judiciales en las que el Estado está comprendido, un listado de leyes aprobadas, los planes de acción emprendidos y los contratos vigentes.

En Canadá, por su sistema político parlamentario, el Poder Legislativo tiene un rol mucho más activo. El proceso de transición comienza mucho antes del acto eleccionario, ya que la agenda preparatoria de la transición canadiense es más compleja y mezcla guías de procedimientos, informes con análisis y políticas propias de los organismos.

En Brasil la transición fue institucionalizada en 2002 para evitar tensiones, interrupciones o crisis. El proceso establece que cada ministerio elabore libros de transición y se creó el portal de transición en Internet, que sería ofrecido al equipo del candidato electo.

El proceso de transición gubernamental se debe reglamentar por vía legales con reglas claras que lo hagan ágil y eficaz, debe incluir la conformación de los comités entrantes y salientes, la designación de un director ejecutivo que lo lleve adelante y establecer requisitos básicos como los inventarios de cada área, los integrantes del Gobierno saliente y la información que debe formar parte del proceso. En este sentido, el acceso a la información pública y los procesos de transparencia institucional serán claves.

Argentina cuenta con una oportunidad inmejorable por el tiempo que aún resta para el próximo cambio de mando. Esto permite generar una agenda legislativa consensuada, aprobar los marcos legales necesarios y conformar un equipo de transición entrante y el saliente para que el 10 de diciembre de 2023 sea un hito en materia de democracia e institucionalidad.

Un proceso de transición gubernamental ordenado debe ser una agenda de trabajo del Congreso de la Nación, de las Legislaturas provinciales y de los Concejos Deliberantes, como ocurre en la Ciudad de Córdoba. La transición debe darse en todos los niveles y ser parte de una nueva cultura política para consolidar los procesos democráticos, asegurar la transparencia institucional y bregar por la eficacia y la eficiencia en la implementación de políticas públicas.

 

Nota publicada en Perfil 21/04/22