Una recuperación transformadora en América Latina y el Caribe con servicios básicos de agua potable y electricidad como sectores clave
El impacto del COVID-19 y de la guerra en Ucrania ha incrementado la vulnerabilidad de las personas sin acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y electricidad en la región. Las desigualdades preexistentes se han visto agravadas por la destrucción de empleo y reducción de ingresos postpandemia, así como por el incremento de los costos energéticos. Como parte de una recuperación inclusiva y transformadora en la región, estos sectores básicos deben ser priorizados.
Actualmente en América Latina y el Caribe, 17 millones de personas no tienen acceso a electricidad y 75 millones a combustibles y tecnologías limpias para cocinar. Al mismo tiempo, 161 millones de personas (1 de cada 4) no tienen acceso adecuado a agua potable, y 431 millones (7 de cada 10) a saneamiento gestionado de manera segura. Para ambos casos, aunque con diferencias significativas entre países, las carencias se asocian con problemas de acceso, de asequibilidad, es decir, a una dificultad de pago o a la ausencia de infraestructura.
Primero, las personas sin acceso a estos servicios básicos pertenecen al segmento más bajo de la distribución de ingresos nacionales. De esta manera, las poblaciones más vulnerables deben hacer un esfuerzo económico proporcionalmente mayor, de hasta 2,5 veces más que los más pudientes, para asumir su costo. Segundo, a esta desigualdad económica se le suman desigualdades geográficas y sociales, siendo las poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes las que presentan más carencias. Por último, la calidad y estructura de la vivienda influye igualmente en el acceso a estos servicios básicos. En la región, el 15% de la población que reside en viviendas precarias no tiene acceso a electricidad.
América Latina y el Caribe: proporción de la población sin acceso a electricidad por quintiles. Un quintil representa grupos de población de 20% del total, ordenados por la distribución de ingresos (de menor a mayor) de ingreso (rural, urbano y total), último año disponible.
La desigualdad en acceso a agua potable y electricidad ha incrementado la vulnerabilidad de las personas
La desigualdad en el acceso a estos servicios básicos, acentuada por el impacto del COVID-19 y la guerra en Ucrania, ha incrementado la vulnerabilidad de la población en la región, impactando física, social y económicamente a millones de personas. Por un lado, las personas con menor acceso a agua potable y saneamiento al inicio de la pandemia se encontraban en una situación de mayor riesgo de contraer el virus. Por otro lado, debido a la reducción de ingresos asociada a la pérdida de empleo por la pandemia, así como el aumento de los precios de los combustibles fósiles en el contexto bélico actual, se ha agravado la situación de los hogares para afrontar pagos de estos servicios.
Durante la pandemia, casi todos los países de la región tomaron medidas como la reducción parcial y postergación de cobros. Sin embargo, una vez finalizadas éstas, los costos energéticos de los prestadores del servicio de agua potable y saneamiento podrían ascender a un 40% del total de sus gastos operativos. Por ello, es importante tener en cuenta estos factores para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y para asegurar sistemas resilientes.
Políticas de agua potable y electricidad para impulsar una recuperación transformada
Para enfrentar la creciente vulnerabilidad de la población más pobre, la CEPAL asume un importante rol en la transición y propone una política de inversión a 10 años para universalizar estos servicios básicos. Esto supondría invertir anualmente 2,6% del Producto Interior Bruto (PIB) regional (1,3% para lograr el ODS 6 y 1,3% para el ODS 7) y traería múltiples efectos positivos:
- Reducción de contagios por COVID-19 y mejoras de salud.
- Reactivación de la economía regional a través de la generación de empleo. 700 mil nuevos empleos en el desarrollo de nuevas infraestructuras energéticas, y 3,4 millones asociados al sector de agua potable y saneamiento, por año.
- Reducción de la contaminación del aire y del agua, a través de una transición a fuentes de energía más eficientes y limpias, con enfoques circulares.
Para ello, es necesario el fortalecimiento institucional, de planificación y regulación. Junto con un papel más relevante de las agencias de cooperación y la banca.